El Gobierno del presidente José Antonio Kast ingresó al Senado, con suma urgencia, la reforma constitucional que busca fortalecer el sistema de seguridad pública. La iniciativa forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, ACOT, y contempla ocho modificaciones a la Constitución.
Entre los principales cambios, el proyecto incorpora expresamente la seguridad pública como un deber del Estado. También propone regímenes penitenciarios diferenciados para condenados por crimen organizado, con restricciones en comunicaciones, visitas, traslados y acceso a beneficios cuando sea necesario impedir que continúen coordinando delitos desde las cárceles.
El ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, informó que el proyecto se presentará al Senado durate esta jornada y que "naturalmente queda sujeto al trabajo parlamentario".
La reforma también contempla crear registros de organizaciones criminales. Además, entrega al presidente la facultad de declarar que una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado, previo informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional.
Desde la oposición el diputado independiente y presidente de la comisión de Seguridad, Karim Bianchi, expresó que "Estas normas no se hacen pensando solamente en el gobierno de hoy, sino en cualquier gobierno que tengamos a futuro". El parlamentario señaló que escuchará los argumentos, sin embargo, fue enfático en que antes de constitucionalizar se deben hacer funcionar todas las herramientas que ya se encuentran disponibles.
Por su parte, desde el oficialismo apoyaron la propuesta. El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, valoró que el Gobierno tomara varios consejos entregados por el presidente de la UDI, Guillermo Rámirez y aseguró que en la Congreso se revisará cada uno de los puntos.
Con suma urgencia, la iniciativa contempla un plazo de 15 días para su discusión.