Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI Copiapó, realizaron un operativo en el sector tomas de Andacollo de la capital regional, que permitió la detención de dos ciudadanos colombianos, uno de ellos en situación migratoria irregular, por el delito de tráfico ilícito de drogas, logrando también la incautación de más de tres kilos de sustancias ilícitas.
“Oficiales policiales de la Brianco Copiapó, en virtud a una investigación realizada en conjunto con la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Atacama, lograron acreditar la comercialización ilegal de drogas por parte de dos personas que operaban en el sector tomas de Andacollo de esta ciudad, a través de diversas diligencias investigativas y técnicas de inteligencia policial. Por esta razón, se gestionó una orden judicial de entrada y registro a un domicilio del sector, la cual fue materializada en un operativo policial que permitió la detención de dos hombres de nacionalidad colombiana, ambos mayores de edad, uno de ellos en situación migratoria irregular, por el delito de tráfico ilícito de drogas. Además, se lograron incautar más de tres kilos de cannabis y cocaína base, evitando así la circulación de más de 10 mil dosis de sustancias ilícitas”, señaló el Jefe de la Prefectura Provincial Copiapó, prefecto Fernando Uribe Espíndola.
La autoridad policial añadió que “los imputados aprovechaban de comercializar ilegalmente la droga en un sector de difícil acceso, evitando así el control policial. Sin embargo, gracias al trabajo investigativo se logró materializar con éxito un procedimiento policial que permitió la detención de los involucrados en el ilícito de tráfico de drogas, evitando la circulación de una cantidad importante de sustancias ilícitas en la comuna de Copiapó y alrededores”.
Los detenidos fueron presentados ante el Juzgado de Garantía de esta ciudad, ocasión en que la Fiscalía comunicó cargos por el delito de tráfico ilícito de drogas, solicitando en su contra la medida cautelar de prisión preventiva dada la gravedad del delito y por ser considerados un peligro para la seguridad de la sociedad, petición que fue acogida por el Juez de turno, quien decretó además un plazo de seis meses para el cierre de la investigación.