La exministra de Seguridad Trinidad Steinert presentó una solicitud de reconsideración a Contraloría, luego de que la entidad estimara que su actuar estuvo fuera de las atribuciones de su cargo.
La contrarrespuesta se presentó a través de un documento de más de 20 páginas ante la misma Contraloría pidiendo la anulación del dictamen N° D344, para ello se alegó a supuestos errores de derecho. De hecho, Steinert sostiene que la Ley n° 20.730 entrega la facultad explícita para solicitar antecedentes reservados. Esto, según ella, habilitaría cualquier juicio sobre conveniencia desde otro órgano.
En el mismo documento se niegan conflictos de interés que la ligaran a la solicitud de datos de funcionarios participantes de una investigación por crimen organizado que ella misma lideró en su rol de fiscal regional de Tarapacá. De hecho, argumenta la diligencia como una urgencia a la investigación que se estaba llevando a cabo, y que no actuar habría sido “una negligencia incompatible”.
Para respaldar esta versión la exautoridad agregó antecedentes como: declaraciones del Director General de la PDI, Eduardo Cerna, quien confirma la salida de Consuelo Peña como una decisión autónoma, de este modo se demostraría que la exministra no intervino o estuvo involucrada en esta determinación administrativa.
Tras esta apelación, Contraloría enfatizó en la conclusión del informe sobre un incumplimiento de su deber constitucional, y que no se pueden requerir antecedentes de investigaciones en desarrollo sin importar la razón de sus labores de supervisión administrativa.